El Perú y los indígenas* amazónicos

El Perú republicano (desde 1821) nunca asumió su responsabilidad frente a los pobladores; la herencia de los conquistadores hicieron de sus gobernantes y de la burguesía criolla dar la espalda al indio originario de los andes, aquellos que fueran atacados y saqueados por la horda española de un centenar de analfabetos y delincuentes con su rey a la cabeza.

El Perú republicano que heredó culturas fue el primero en olvidar sus

Awaju-Wampis

obligaciones con los aborígenes amazónicos, y cuando no saqueaban, como lo vienen haciendo hasta el día de hoy las riquezas de su bosque, son marginados.

El reconocimiento por Ley de las Comunidades Nativas (en la Selva) como el de las Comunidades Campesinas (en la Sierra), son letra muerta; hoy espectamos el reclamo de estas etnias sin que exista atisbo alguno del reconocimiento de sus derechos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se encuentra movilizada demandando la emisión de la Ley de Consulta en defensa de sus territorios. El Convenio 169-OIT, al que el Perú se adhirió es el dispositivo que se incumple, tal vez por las enormes aquiescencias que depararía las explotación de los recursos naturales específicamente el petróleo, gas y madera. Al final de todo hasta el presidente de Orpian, Bernardino Chamik, protestó por las constantes violaciones a los derechos indígenas.

Pero, qué es lo que reclaman. Reclaman la restauración de la inalienabilidad y la inembargabilidad de sus territorios y la titulación de más de 15 millones de hectáreas; se suma a esta demanda una justa distribución de los ingresos por la explotación de los recursos naturales (modificación del canon, sobrecanon y regalías).

* adj. y com. Originario del país o lugar del que se trata: tribus indígenas.

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El acuerdo azucarero

1. El acuerdo entre el gobierno peruano y los trabajadores azucareros de los complejos agroindustriales de Cayaltí, Tumán y Pomalca se concretiza en la transferencia de las acciones del Estado a los trabajadores (jubilados, activos), como pago de las acreencias  laborales; consiste en un Decreto de Urgencia donde se estipula que las transferencias de acciones del estado es a cambio de la deuda laboral que tienen las empresas con los trabajadores. El objetivo según el Estado es evitar el monopolio de las tierras azucareras.

2. Demetrio Ruiz, dirigente azucarero,  se encuentra a la espera que en la próxima legislatura del Congreso de la República se les otorgue la protección patrimonial, ya que considera que solo de esta manera lograrán que las empresas pasen a manos de los trabajadores.

3. Sin embargo algunos legisladores cuestionaron la decisión del Gobierno , argumentando que había algún afán  de beneficiar a las empresas que manejan las azucareras, además de señalar que se mantendría la deuda con la SUNAT y con el seguro social (Essalud).

4. La Federación de Trabajadores Azucareros continuará con su medida de fuerza hasta que el Congreso de la República apruebe la ampliación de la protección patrimonial.

5. El asunto gira alrededor de la tenencia del Estado en Pomalca que es de S/ 103 millones (US$ 37’591,240), S/. 2,241 millones (US$ 817’883,211) en Tumán y S/. 5,520 millones (US$ 2,014’598,540) en Cayaltí; mientras que los trabajadores que recibirían los valores suman 6,790 en Pomalca, 2,638 en Tumán y 112 en Cayaltí.

6. Frente a este panorama se pronuncia la  Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcolera de México, cuando se perfila una posible venta de azúcar al Brasil, aduciendo que este país vendería azúcar al Perú, creando de esta manera un riesgo económico al que no están dispuestos asumir. Esta postura además de agravar las posibilidades de mejoría de la industria azucarera peruana desalientan las esperanzas futuras y dejan mal parada la tan boceada positiva imagen de lo política económica nacional en el exterior.

7. Lo cierto es, además del arreglo del entuerto de la deuda, del aprovechamiento sucesivo de las arcas de las azucareras por parte de terceros y de que este problema tiene adicionalmente carácter político, deja entrever la corrupción de la que muchos políticos hablan pero no hacen nada por remediar la situación, e imposibilitando a empresas de asesoramiento técnico brindar sus servicios profesionales.