Segundo Acto: DOE RUN PERÚ, el círculo vicioso

Quién no conoce el juego del “El gran bonetón”. Esto es lo que sucede en el caso que se disputa entre el gobierno peruano y la empresa minera Doe Run Perú. Los perjudicados son miles (mas de 3,500 trabajadores) de familias de La Oroya que se encuentran en medio de este problema.

El ciclo burocrático es infernal lo que permite avizorar en el fondo el olvido de las obligaciones con los trabajadores y el daño irreparable para sus familias, pues la secuencia hasta el momento se podría graficar de la siguiente manera.

DRP→Gobierno→Congreso→Indecopi→DRP

Poder Judicial-Fiscalía

1. Doe Run Perú (DRP) demanda que el gobierno precise el inicio de los 20 meses adicionales que les otorgó para que cumplan con la finalización del Programa de Adecuación  y Manejo Ambiental (PAMA).

2. La Comisión Especial de Preinversión del Congreso de la Republica prefirió instar al Poder Judicial  que investigue si existe alguna irregularidad en el aplazamiento en el proceso concursal de DRP que se desarrolla en al Indecopi. Luisa Maria Cuculiza, presidenta de la Comisión Especial de Preinversión dijo, “tenemos buenas autoridades en el Poder Judicial y la Fiscalía, por lo que les exhorto a que el juez que dictó la medida cautelar tenga la buena voluntad de determinar cuanto antes porqué esta junta está paralizada”.

3. Jaime Gabiño, secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, explicó que la Junta de Acreedores se paralizó debido a las acciones legales que interpuso Cormin (matriz de DRP), exigiendo que un acreedor no participe en la Junta de Acreedores.

4. Juan Carlos Huayhua, gerente General de DRP, insistió en su pedido para que el gobierno precise el plazo de inicio de los 20 meses adicionales que les autorizó con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

5. El Pleno del Congreso de la Republica el 23/09/2009, aprobó la ampliación del PAMA para DRP con 85 votos a favor, 01 en contra y 03 abstenciones.

Pero el asunto no queda aquí. Ocho congresistas (republicanos) de EEUU firmaron y enviaron una comunicación al Departamento de Estado explicitando su apoyo a DRP, especificando el injusto trato dado a la empresa e inclusive considerando el riesgo de ser expropiada, aunque haya invertido US$ 315 millones en el PAMA, mientras el gobierno incumple sus obligaciones (La Republica, 18/05/2011).


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