Puno al borde de la tragedia

Palabra en aymara ARUSKIPT’SIPXAÑANAKASAKIPUNIRAKISPAWA, que en castellano significa, “Estamos obligados a comunicarnos porque tenemos el habla”. Es la palabra en aymara más larga que el lingüista Juan de Dios Yapita ha podido identificar.

El pueblo aymara tiene importancia desde tiempos inmemoriales; el aporte dado a Sud América y el mundo, y más específicamente al Perú y Bolivia es muy significativo, no solo con su idioma, el aymara, sino también con cultura, su cosmovisión y su aporte al trabajo productivo.

Puno

Este es el caso de Puno, en donde su población aymara no permite que en su jurisdicción se asienten campos mineros con el propósito de explotar la riqueza minera en detrimento de la agricultura. Aún más, es el pueblo el que no permite dicha actividad cuando se vulnera esta opción a sabiendas que existen dispositivos legales que amparan su exigencia.

Cuando la esquizofrenia o la paranoia economisista, se desarrolla dentro del poder, debemos  lamentar sus consecuencias. Al parecer este es el caso de las autoridades de turno en el Perú, los cuales ven en el crecimiento económico lo que otros no ven. Claro está que los que no ven en el crecimiento económico más que desarraigo, martirio, y porqué no, usurpación de sus derechos tienen que reaccionar.

Este fue el caso de la población de Moquegua, Bagua, y ahora Puno que con el prurito presidencial de que es el mejor gobierno de este siglo, aun sabiendo que solo llevamos diez años vividos en esta centuria, quiere hacer creer que hipotecando la vida ajena se le recordará como el mejor mandatario del Perú. Es todo lo contrario.

La paralización de Puno lleva más de quince días sin que tenga solución, aunque los cinco mil aymaras proclamen “no a la minería” . Esta paralización se inició en la población de Zepita, Kelluyo, Pomata, Desaguadero y Yunguyo, como también en la población de El Collao y Acora.

¿Qué piden? La cancelación definitiva de las concesiones mineras; que se retire, definitivamente, el proyecto minero Santa Ana y la derogatoria del Decreto Supremo Nº 083-2007. Frente a esta situación la población advierte al Gobierno central que seguirán con la paralización sino hacen caso a su petición. Una Resolución Viceministerial Nº 0589, declara al cerro Khapía como Patrimonio Cultural de la Nación, y por lo tanto prohíbe la explotación minera; sin embargo el primer mandatario a través del Ministerio de Defensa, autoriza con Resolución Suprema Nº 191-2011, la intervención del Ejercito Peruano, para que garantice el “normal” funcionamiento de los servicios públicos.

El 20 de mayo 2011, el viceministro de Minas dio a conocer desde Arequipa que la comisión de alto nivel suspendió las conversaciones en Puno por falta de garantías para su integridad y porque no habían condiciones para realizar el dialogo. Desde Arequipa sentenció: “Una comisión de cinco ministros no puede dialogar con ocho mil personas. Si los dirigentes quieren solucionar el problema y asumir su responsabilidad pueden dialogar en cualquier sitio”.

El domingo 22 de mayo 2011 se apostaron en el barrio Chanu-Chanu más de setenta camiones porta-tropas, viviéndose un clima de tensión e incertidumbre. Existe escasez de alimentos (aceite, arroz, verduras) en Ilave, Juli, Pomata y Yunguyo, habiendo estimado la Cámara de Comercio y Producción de Puno, pérdidas por US$ 20 millones en los sectores de turismo y comercio. A esto se suma el cierre de la frontera Perú-Bolivia, mientras piquetes de personas aseguraban la paralización del tránsito.

¿Que más se hizo? Se sitió la Plaza Mayor de Puno, la población, alrededor de las diez mil personas marcharon; hubo cierre de puertas de los negocios por temor a saqueos, la Dirección Regional de Educación de Puno suspendió las labores escolares en las provincias de Chuchito, July, Yunguyo y El Collao, lo mismo que en el distrito de Puno.

El 27 de mayo 2011, se conoció la inviabilidad de la cancelación de las autorizaciones mineras y petroleras en Puno. Según el viceministro de Minas, Gala, solo el Poder Judicial o una ley del Congreso podría anular las concesiones ya que estas se encuentran registradas en los registros públicos. Sin embargo el Decreto Supremo Nº 083-2007-EM  se encuentra vigente, el cual autoriza a la minera Bear Creek Mining Company, a realizar sus actividades en la provincia de Chucuito. El congresista Yonhy Lescano presentó un proyecto de ley para que se derogue dicho dispositivo en bien de la comunidad y del bienestar social.

Sin embargo el 26 de mayo 2011, las hordas saquearon, incendiaron, robaron, locales públicos, como algunos centros privados de atención ciudadana. Así las cosas y el problema no tiene solución, más bien podría agravarse cuando solo se está a nueve días de las elecciones presidenciales, las mismas que se realizarán el 05 de junio 2011. Se suman voceros incendiarios como los de la Hora N, en el Canal N, programa de cable propalado el 26 de mayo 2011 a las 21 horas, en donde señalan que se producirían otros levantamientos en otras regiones del país, con el propósito de anular las elecciones.

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