¿La desaparición de la Amazonia?

DP

 

 

 

Por Oscar Muñiz

 

El gobierno de Fujimori recién elegido hilvanaba de manera muy meticulosa la composición de sus cuadros profesionales, que en muchas oportunidades dejaba de lado, lo mismo que sus opiniones, salvo la de uno, quien por aquella fecha ocupo un cargo en el directorio del Banco Central de Reserva.

Transcurrido el tiempo y desde que se comenzó a gestar el auto golpe de 1992, tenía que encontrar una justificación más que interesante en el cambio de rumbo que iba a tomar, solamente había un hito en el iniciado gobierno, el día que el que fuera el primer ministro de economía y finanzas de su gobierno, hizo público el ajuste económico, el famoso “fujisock”.

El otro hito era la “modernización” del Estado. Para tal fin el jefe de estado imprimió otro zarpazo –aunque se encontraba en Brasil asistiendo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992-, elimino de la estructura del Estado Peruano dos instituciones que eran el respaldo del presidente de la republica en materia de asesoramiento directo. Una de esas instituciones era el Instituto Nacional de Planificación, entidad que se encargaba de la planificación del desarrollo nacional entre otras muchas responsabilidades; la otra institución fue la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, entidad que se encargaba de los temas de recursos naturales y del medio ambiente. Ambas instituciones constituían, por así decirlo, las entidades que estructuraban el que hacer del ejecutivo.

Entre el Instituto Nacional de Planificación y la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, el Perú se encontraba estudiado seriamente; las políticas nacionales concordaban con el enfoque dado por estas dos instituciones,  tenían carácter de complementariedad y aceptación en los diferentes ámbitos nacional e internacional.

Solo basto reemplazar estas dos instituciones y las alarmas saltaron, especialmente en la zona de Selva, ámbito que por demás se encontraba inventariada en su totalidad por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, con inventarios de los recursos naturales, que reflejaban su situación sin necesidad de alterar su composición.

Posteriormente ese vacío dejado por la Oficina Nacional de Evaluación Recursos Naturales fue llenado con visibles limitaciones por los organismos no gubernamentales (ONG), mientras que el ámbito de la planificación fue olvidado y proscrito en aras de las bien orquestadas medidas que otorgaba el “mercado” a favor del crecimiento y desarrollo del país.

Con el camino allanado y superado los sustos post autogolpe, y habiendo remplazado la constitución de 1979, el tirano volvió a embestir, arrasando con todo lo que hasta 1992 había existido en el campo legal y jurídico sobre las Comunidades Campesinas y Nativas, ciertamente bajo el novedoso modelo del libre mercado y de una política nacional que “dejaba hacer y dejaba pasar”, mismo liberalismo económico, aun mayor que el empleado por la dama de hierro.

Congreso Comunidades Nativas

Congreso Comunidades Nativas

 

Debió pasar unos años más, hasta que el embalsamiento social exploto, como lo hace hoy; en ese tiempo como en el actual crecían las inversiones, pero también crecían los daños al poblador nativo, a su medio ambiente y al futuro del Perú como país soberano.

Con el devenir de los años y sin ánimo de señalar con el dedo índice las tragedias que suceden en la Amazonia, distingamos entre la poca o nula aplicación de la Constitución de 1993.

El Capitulo II Del Ambiente y de los Recursos Naturales, de la Constitución del Perú 1993, contiene cuatro artículos –del 66 al 69- donde se hace referencia al patrimonio, a la política nacional del ambiente, a la promoción y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales, y a la función del Estado como promotor del desarrollo de la Amazonia, en concordancia con el D.S. N° 985-2003-PCM y Ley N° 27037 Ley de Promoción de Inversiones de la Amazonia (1).

El Artículo 58 dice, la iniciativa privada es libre, ejerciéndose esta en una economía social de mercado cumpliendo el Estado la responsabilidad de orientar el desarrollo del país en las aéreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

En el Capítulo VI Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas, en su Artículo N° 88 estipula que “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.”

Y en el artículo siguiente estipula que “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”.

Hoy, con la experiencia ganada desde el inicio del fujimorismo, los costos que paga el Perú sobrepasan la capacidad para lo que se esforzó. Todo está servido en bandeja, tal como lo describe Marc Dourojanni en su libro Amazonia Peruana en 2021 (2), publicación que no deja nada a la imaginación más que solo ideas claras sobre el futuro de la Amazonia comprendida dentro del territorio peruano.

Con tratados como el Trans Pacific Partnership (PPT) conformado entre otros países por el Perú , además de los acuerdos comerciales  firmados algunos indiscretamente, las tierras del Perú especialmente las amazónicas corren un gran riesgo de perderse. La bonanza no es eterna, algún día se terminara, lo trágico es que concluido el ciclo de la bonanza (crecimiento económico) el Perú no contara con alternativas de supervivencia.

Actualmente la población del Perú es de 30 millones de habitantes, de estos, 10 millones no tiene asegurado lo básico necesario para vivir. ¿Que será del Perú con una población de 33 millones en el año 2021 y sin las fuentes necesarias de subsistencia?

Antes de la década de 1990, el Concejo Nacional de Población, organismo del Estado peruano se encargaba de la política nacional de población, hoy solo se tienen datos elaborados por Instituto Nacional de Estadística e Informática, no se tiene una política poblacional. La vulnerabilidad del país está a la vista, incluidas las poblaciones indígenas. Aun más, es sorprendente que el nombre de lo que fuera el Consejo Nacional de Población, sea utilizado con otros fines por desconocidas entidades que no tienen relación con las funciones del ex Consejo, compruébelo Usted mismo (3).

La preocupación existe, más aun cuando las pretensiones de los sin rumbo se incrementan.

Es difícil predecir el futuro para la Amazonia, lo que si queda bastante claro es que las inversiones, la infraestructura vial-industrial-agropecuaria, transformaran la Amazonia. Si nos remitimos a lo que fue la Selva Alta antes de la construcción de la carretera Fernando Belaunde Terry -antes Marginal de la Selva-, la explosión demográfica fue brutal, más aun, se evidencio la falta de asistencia en educación y salud, carencias que hasta el día de hoy se dejan sentir.

La infraestructura en salud es vital, más aun cuando se pretende ingresar en zonas de trópico húmedo. Aquí las enfermedades como el paludismo se encuentran al asecho, con mucha mayor incidencia desde que el Estado ni las empresas privadas proporcionan el mínimo apoyo en casos de necesidad, mucho menos en emergencia sanitaria o de cualquier otro tipo. Se puede afirmar que el poblador se encuentra desamparado de toda ayuda por la ausencia de un programa de asistencia con la mínima programación y planificación (4).

Es justamente bajo estas condiciones en que la eclosión social de las poblaciones nativas se dejan sentir, pues son las compañías petroleras las que con su incursión, como en la cuenca del Biabo en San Martin o en territorio de Loreto   han destruido y amenazado la existencia de vida de los pobladores nativos , su estilo de vida y la ecología de la Selva Baja.

Sin duda alguna, cuanta falta hace una planificación seria y comprometida con el desarrollo nacional. Cuanta falta hace tener un inventario de los recursos naturales actualizado. El día que el peruano común y corriente valorice este tipo de instituciones y lo que perdió durante la década de los 90, sabrá que no hay marcha atrás, que lo perdido, perdido esta, que no tiene reemplazo y muy probablemente la pobreza se incrementará tan agudamente que la desaparición de los recursos naturales constituirá el tercer y último hito de esta aventura que se inicio en 1990 y que al igual que la desaparición del cucho y otros recursos naturales transformaron la Amazonia, en esta oportunidad la transformaran en tierra yerma, desprovista de vida y al final abandonaran.

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El equipo de Muñiz & Asociados

(1)   Recomendamos leer Resumen y Explicación de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, Ley N° 27037 .

(2)   Recomendamos leer el Resumen ejecutivo, pagina 13.

(3)   Recomendamos los siguientes enlaces: enlace 1  y enlace 2  donde se puede constatar el desatinado uso del nombre de Consejo Nacional de Población.

(4)   Esfuerzos como el que enunciamos fueron intentados en la década de los años 80 en la proyectada ciudad Constitución-Proyecto Pichis Palcazu, donde hasta el diseño de las viviendas fueron elaborados con el propósito de conquistar esa parte de la selva sur de Perú, situación totalmente diferente a la actual, ya que los asentamientos humanos se crean detrás de toda vía como es la carretera Perú-Brasil en el sur del Perú.

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