El agro peruano en problemas

 

DP

 

 

 

 

 

Oscar Muñiz

 

 

Adicionalmente a los problemas propios en el desarrollo de agricultura peruana, se suman dos graves hechos que perturban, además de restarle facilidades al agricultor nacional. Se trata de la estafa y sus consecuencias ambientales y productivas en la venta-compra de semillas falsas de café a los agricultores de la provincia de Oxapampa, ubicada en el departamento de Pasco, y de la importación directa por parte de los agricultores de productos de plaguicidas de uso agrícola, por medio directo simplificado y más barato.

En cuanto al primer problema, existe un posible rebrote del hongo de la roya en las plantaciones de café en Oxapampa. Este hecho es producto del tráfico de semillas falsas provenientes de Colombia y Brasil, las cuales fueron comercializadas como si fueran inmunes a las plagas.

Este hecho les sucede a más de 200 cafetaleros en Oxapampa, los cuales han sido estafados desde agosto del 2013. Perderán por lo menos dos hectáreas de café, con la consiguiente imposibilidad de utilizar esas tierras por tiempo indefinido. No se descarta que esta situación se replique en otras zonas cafeteras del Perú

La variedad de café sustituida es la denominada Castilla, la cual es conocida en todo el mundo como resistente a la roya y es la que fue sustituida por granos simples, que al sembrarlas no produjeron nada. Asimismo, se detectaron diez comercializadoras de semillas falsas en las fronteras con Colombia y Brasil.

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Colombia, que es el organismo encargado de este tipo de transacciones confirmo por intermedio de su vocero oficial, que este servicio no autoriza la venta de granos que sustituyan a las semillas, lo cual ha permitido a la parte peruana corroborar la estafa.

Otro problema son las importaciones de agroquímicos. La Comisión Agraria del Congreso del Perú, propuso que los agricultores podrían ejercer el derecho de importar directamente plaguicidas de uso agrícola, por medio de un procedimiento simplificado y más barato. Dicha medida favorecería a los pequeños y medianos agricultores como también al fortalecimiento de la competitividad de la producción agraria nacional.

En Perú el control de los plaguicidas químicos está regulado desde el 2002 (Decisión N° 436 de la Comunidad andina). El ministro de Agricultura y Riego sostiene que la norma dispone requisitos complejos y costosos para su registro los cuales pueden tomar hasta tres años y el costo fluctúa entre 30 y 50 mil dólares.

Frente a esta situación el Ministerio de Agricultura y Riego creó un sistema de registro simplificado el AIU (agricultor-importador-usuario) que permite al agricultor importar directamente plaguicidas, siempre y cuando sean usados para la propia producción agrícola. El AIU fue condenado por la Comunidad Andina y por la Séptima Sala Civil, fundamentando que iba en contra  del procedimiento de la CAN que tiene más requisitos.

El Gremio para la Protección de Cultivos de la Cámara de Comercio de Lima (PROTEC) se refiere a la Decisión N° 436 “Es una norma que fue aprobada por los organismos técnicos de los cuatro países de la comunidad y su aplicación permite evaluar en temas de salud, ambiente y sanidad vegetal, los plaguicidas cuyo riesgo sean inaceptables”.

Sin embargo, 14 gremios agrarios expresaron en un comunicado que grandes empresas, entre otras, Bayer, Basf, Dow Chemical, Syngenta, abusando de su poder pretenden utilizar la norma andina para vender sus plaguicidas a precios exorbitantes, cuando aducen que los productos genéricos importados por los agricultores son de baja calidad.

El ministro de agricultura indico que su sector se encuentra trabajando una propuesta para que el Perú tenga la facultad de suspender la Decisión N° 436; esta decisión no impide la importación de plaguicidas genéricos, exige que estos sean evaluados en sus aspectos agronómicos, toxicológicos y eco-toxicológicos, antes de que ingresen a cualquier país de la CAN.

El Presidente la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Oswaldo A. Ordoñez tuvo a su cargo la controversia, la cual fue impugnada por el Ministerio de Agricultura. La impugnación ha pasado a la Corte Suprema la cual resolverá definitivamente el caso.

Nota

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