Perú: La defección del Tribunal Constitucional

 

M&A

 

 

 

 

 

Oscar Muñiz

 

 

“TODOS LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES PUBLICOS ESTAN AL SERVICIO DE LA NACION. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA TIENE LA MAS ALTA JERARQUIA EN EL SERVICIO DE LA NACION Y, EN ESE ORDEN, LOS REPRESENTANTES AL CONGRESO, MINISTROS DE ESTADO, MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL CONSEJO DE LA MAJISTRADURA, LOS MAJISTRADOS SUPREMOS, EL FISCAL DE LA NACION Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO, EN IGUAL CATEGORIA; Y LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y ALCALDES, DE ACUERDO A LEY”. (Art. N° 39, Constitución Política del Perú).

El hecho: El Tribunal Constitucional, nombro a jueces y  fiscales

Según la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura, es el organismo que se encarga de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales, por ser un organismo independiente que se rige por su Ley Orgánica (Artículos 150 y 154).

En el comunicado oficial del CNM  queda explícitamente confirmado la voluntad de llevar esta denuncia tanto al Congreso de la Republica – Sub Comisión de Justicia como también ante el Fiscal de la Nación, además de solicitar al Tribunal Constitucional  la nulidad de la resolución que genero dicho impase. Además señala el haber interferido con el Poder Ejecutivo.

De las implicancias de este descredito, para el Tribunal Constitucional queda claro que los responsables de la dación de dicha resolución, tres de los miembros titulares del Tribunal Constitucional, deberían esclarecer dicho acto e inmediatamente aplicar las medidas sancionatorias respectivas.

Pongamos este caso en perspectiva. Ya no es suficiente con los problemas que la ciudadanía se enfrenta diariamente, la falta de trabajo, el estado de inseguridad ciudadana, los problemas sectoriales que enfrenta el Ejecutivo, los graves problemas sociales y financieros en las Regiones, los problemas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, el problema del narcotráfico y terrorismo, ahora se agrega a esta incompleta lista el problema generado por el Tribunal Constitucional que a decir del titular del Consejo Nacional de la Magistratura, es un golpe de Estado.

Se devela con este hecho la fragilidad de la legalidad en el Perú,  ratificándose una vez más la proclividad, no solo de las autoridades, de utilizar la acción prepotente y delincuencial del poder jurídico. La Constitución no deja dudas en que la jerarquía y el orden institucional es la base de las garantías del estado de derecho en donde nadie se erogua atribuciones adicionales donde no las tiene, pues de lo contrario se fustiga dicho orden debilitando aun más el débil orden constitucional.

No es suficiente decir que tal o cual resolución debe ser o puede ser sustituida o anulada. De ninguna manera. Lo que se necesita son sanciones a los funcionarios sea cual sea su nivel jerárquico. Poniendo en perspectiva, se necesita sancionar a aquellos que infringieron la Ley, con el propósito de que el Estado de Derecho no se desboque y sea tirado al tacho como lo que sucedió el 5 de abril de 1992.

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