Pluspetrol frente a las comunidades nativas

Muñiz&Asociados

 

 

 

Oscar Muñiz

 

Los nativos de la comunidad Pampa Hermosa tomaron meditas de fuerza en la base petrolera Jibaro-Jibarito, ubicada en el lote 1AB de propiedad de Pluspetrol.

La pregunta de rigor es, porque se tiene que llegar a este punto cuando durante años las autoridades (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia) o no dijeron nada o simplemente se hicieron de la vista gorda.

No es que de la noche a la mañana aparecieron los daños ambientales, las protestas no sólo de los nativos, la presencia policial. No. Se conoce este problema desde muchos años atrás. Esta vez es el abuso de una compañía petrolera sobre un conjunto de comunidades nativas.

Pluspetrol, informo que los representantes de la comunidad nativa Pampa Hermosa mostraron su buena voluntad para retomar el diálogo, puntualizando que en la indicada reunión estuvo presente el apu Carlos Sandra, presidente de la Federación de Comunidades Nativas (FANCONACO). Señaló que los acuerdos sobre el uso de tierras y canteras permitirá el buen funcionamiento de la base Jibaro-Jibarito, la que fuera paralizada por 30 días, dejando de obtener más de tres mil barriles de crudo/día.

En la actualidad los lotes que generan los problemas pertenecen a Pluspetrol. Estos son el Lote 192 (explotado desde 1996), anteriormente denominado 1AB y el Lote 8 (este incluye el Lote 8x, explotado por esta petrolera desde 1999). Los lotes se ubican en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

Anteriormente a la presencia de Pluspetrol, la Occidental Petrolera (Oxy) y PetroPeru, en 1970 fueron los administradores del Lote 192 y 8. Cuando ambas compañías dejaron de trabajar en derecho, dejaron los lotes a la deriva, juntamente con el pasivo ambiental. Posteriormente, cuando Pluspetrol ingreso en reemplazo de Oxy-PetroPeru, se comprometió a subsanar la contaminación, la cual hasta el presente sigue en proceso de solución.

Es aquí donde se inicia el reclamo de los nativos, debido al incremento de los problemas de salud de los pobladores; reclaman además una indemnización por el uso de sus tierras.

En el 2006 se firmó el acta Dorissa  (haga clic al final de la pagina en “Clic aquí” hallara el Acta completa), acordando solucionar además del problema de salud, resolver que el 10% del canon petrolero se asigne a proyectos de desarrollo social para las comunidades. En el 2013, la Contraloría informo que no se había destinado nada para este propósito.

Una comisión multisectorial tuvo a su cargo los planes de desarrollo para los nativos, los cuales consistían en la implementación de plantas de tratamiento de agua para consumo humano para 65 comunidades nativas ubicadas en las cuatro cuencas, electrificación rural de los distritos de frontera internacional norte, fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, y la guía de valorización de las tierras, punto que no fue resuelto hasta el 20 de febrero de 2015, pero según últimos informes el 26 del mismo mes los impases fueron superados, el dialogo entre Pluspetrol Norte y los dirigentes de la comunidad nativa de Nuevo Andoas hizo posible que se levantara el bloqueo del aeródromo de Andoas, ubicado en el Lote 192, el que fuera ocupado por los pobladores de la zona desde el 21 de febrero 2015. Las partes en litigio (Comunidad Nuevo Andoas y Pluspetrol Norte) acordaron terminar con las controversias por el uso de tierras y canteras.

De la concesión. El Lote 8 esta concesionario hasta el 2024. El Lote 192 se concesiono hasta el 29 de agosto 2015. Para la licitación del Lote 192 habrá consulta previa, tanto para renovar el contrato con Pluspetrol como para permitir el ingreso de otra compañía petrolera en su reemplazo.

Lo que exigen las comunidades nativas es la resolución del pasivo ambiental antes de que Pluspetrol concluya oficialmente sus operaciones.

Pluspetrol tiene abierto varios procesos judiciales por no cancelar S/. 39.4 millones (US$. 13.4 millones), producto de doce multas impuestas por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA), entre los años 2010 y 2014.

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