Titulación de tierras de pueblos indígenas en la amazonia peruana

 

DP

 

 

 

Oscar Muñiz

 

Que duda cabe, siempre fue necesario estar en sintonía con las normas legales por más que parezca un trámite adicional. En los afanes de velar y salvaguardar los derechos saludamos el inicio de la siguiente iniciativa.

No debe de extrañar  que los dirigentes de las comunidades nativas hayan tomado la decisión de incorporar su defensa legal al estricto rigor legal de la propiedad, aunque esta acción aparezca tarde. Dice el proverbio popular, más vale tarde que nunca, y este es el caso.

Los líderes amazónicos sostuvieron que necesitan la seguridad para sus tierras, para tener tratos en igualdad de condiciones con los inversionistas. El problema hasta la fecha es que ningún gobierno atendió la defensa de los derechos de los pueblos nativos garantizando la posesión de un título de propiedad sobre sus territorios. Por esta razón Santiago Manuin Valera y Alberto Pizango, dirigentes de las etnias awajun y shawi respectivamente, aceptaron la propuesta del Instituto Libertad y Democracia.

Manuin sostuvo que si no aseguramos nuestro territorio no podemos tener libertad ni familia y no podemos conseguir felicidad. Por su parte Alberto Pizango manifestó tenemos que asociarnos para desarrollar el país y dialogar.

En la actualidad, de lo registrado solamente las comunidades campesinas asentadas en zona andina de Perú, se encuentran debidamente acreditadas con título de propiedad de sus tierras; mientras que las comunidades nativas que se encuentran en la zona amazónica adolecen de dichos títulos. En el caso de la propiedad de las comunidades campesinas, esta propiedad  proviene de antes de época colonial, la que fuera reconocida por el Estado peruano e inscrita en los registros de propiedad.

Un ejemplo es la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) “Túpac Amaru”, localizada en la Sierra Central y abarca una extensión de 408,000 Ha. La SAIS “Túpac Amaru” comprende parte de las provincias de Concepción, Yauli, Tarma y Jauja del departamento de Junín, y de la provincia de Yauyos del departamento de Lima.

Su riqueza al igual que de otras SAIS, comunidades nativas o comunidades campesinas, estriba en la riqueza natural que guardan sus tierras y el subsuelo (el propietario es el Estado), lo cual es un botín apetitoso no solo para el propio Estado peruano sino también para inversionistas nacionales o extranjeros, para delincuentes y demás grupos.

El Grupo Allpa, señala que el problema de la propiedad de las comunidades nativas y su territorio fue considerado el más importante para el desarrollo de una economía sustentable de las comunidades nativas. Aunque para la legalización de sus territorios existen limitaciones de orden legal, pero también de orden administrativo, económico y político.

Esperamos resultados porque todos anhelamos de una vez por todas acabar con los atropellos, violaciones a los derechos, y fundamentalmente contra la injusticia y a codicia.

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