Thorne y sus medias verdades

Oscar Muñiz

 

 

ALFREDO THORNE.

ALFREDO THORNE.

El actual ministro economía, el peruano Alfredo Eduardo Thorne Vetter, expuso la sustentación de unos dispositivos legales ante el Congreso de la Republica; dijo que ellos, el grupo del partido Peruanos Por el Kambio, que lidera Pedro Pablo Kuczynski, había encontrado en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió el gobierno el 28 de julio 2016, que la economía heredada del anterior gobierno de Ollanta Humala Tasso, había estado en “piloto automático”.

Al respecto, lo que se entiende por piloto automático habría que aclararlo, por lo menos desde el punto de vista semántico, de cómo entendemos este supuesto aforismo.

Se entiende por aforismo a una declaración u oración que pretende expresar un principio de manera concisa, coherente y de apariencia cerrada. Este término proviene del griego que significa “definir”. El aforismo fue utilizado por primera vez por Heráclito de Éfeso, cuando se refería a los síntomas y al  diagnóstico de enfermedades. Después el aforismo fue aplicado a la ciencia física para luego ser generalizado a todo tipo de  principios.

No se puede desvirtuar lo que algunos sostienen al respecto, que el aforismo nunca coincide con la verdad, o simplemente son medias verdades.

Efectivamente, en función de lo que estaba sustentando el ministro Thorne, diré que es una arrogancia suya la manera despectiva de referirse a la anterior gestión económica. La economía es una disciplina opinable, por consiguiente nadie debería asumir posturas descalificadoras, mucho menos doctas, cuando se trata de convencer a un auditorio de un error.

La segunda atingencia es en relación de lo sostenido por Thorne respecto al trabajo realizado por los equipos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la economía peruana. Este organismo hizo su trabajo del cual podrán estar de acuerdo o no, pero de ahí a sugerir diplomáticamente como lo hace Thorne que el FMI avalo lo sostenido por los ministros de economía de Ollanta Humala Tasso es un despropósito.

Thorne podrá ser muy economista, diestro en buenos modales, pero como político es un lenguaraz. Termina siendo como todos los políticos incapaces, incapaz de reconocer un acierto en su adversario.

Drogas y algo más

Oscar Muñiz C.

 

La producción y consumo de cocaína en los últimos treinta y cinco años tiene un notorio repunte. En el Perú se extendió de manera silenciosa y marginal. En la actualidad la labor de comercialización se hace atraves de los llamados “paqueteros”. En muchos casos son los clanes familiares los que comercializan la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína. Casi siempre los narcotraficantes se encuentran en el anonimato o simplemente son poco nombrados.

El clorhidrato de cocaína se encuentra legalizado en el Perú para uso personal. Su comercialización es lo prohibido.

El Art. 299 del código penal del Perú indica la posesión no punible de drogas para el consumo personal. La cantidad es que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o dos cientos miligramos de sus derivados. Se excluye la posesión de dos o más tipos de drogas.

 

 

Algunos de los titulares periodísticos que denotaban la efervescencia mediática de los años 1980 cuando trataban el problema del narcotráfico, la producción de cocaína o sobre las plantaciones de hoja de coca en el Perú, fue el claro reflejo de la situación de sorpresa en que se encontraban los políticos y los no tanto.

Estos son algunos titulares periodísticos de la época: Meese (1)  propone crear una fuerza multinacional contra el narcotráfico. Confirman que narcos ayudaron a la “Contra”. Cuarenta países  armonizan leyes  para combatir el narcotráfico. Plan de Reforestación Jenaro Herrera en Loreto: Proyecto que es una esperanza para la amazonia. Dice Meese, EE.UU. ampliará su ayuda económica a Perú para lucha antidroga. Narcos espiaron conversaciones de Belisario Betancur. Informe ONU: Hay maridaje de Sendero y narcotráfico. Bogotá: teléfono presidencial fue interferido por “narcos”.

Este es un ejemplo de la manera en que se informaba al público sobre los acontecimientos relacionados con el narcotráfico. Podría argumentarse que solo eran los pasquines de la época los que se encargaban de publicar este tipo de noticias, y que a la larga terminaría siendo ridiculizada como exageraciones; sin embargo hasta el “decano” de la prensa peruana informaba no solo en su sección ECOLOGIA, también en sus primeras planas a doble columna, como si fuera un caso anecdótico la interceptación telefónica al ex presidente colombiano Belisario Betancur (2).

No solo la manera periodística era el conducto cotidiano para informar, también existía información más elaborada. Sobre el tema, existía un manifiesto interés por los organismos de investigación social, económica y ecológica. No pocas publicaciones  de carácter informativa discurrían por el medio, pues hasta entidades que publicaban regularmente acontecimientos de carácter académico se sumaban con énfasis en la historia, en los usos o en los aspectos culturales tanto de la hoja de coca como sobre creencia ancestrales, mitos y demás expresiones socio-culturales. Al respecto, entre el 08 y el 14 de noviembre de 1985, dentro de las actividades programadas en la investigación socioeconómica del proyecto Vigilancia Ecológica de la Degradación de las Tierras y Desertificación en el Perú,  Monitoreo Ecológico, Huallaga –Central y Bajo Mayo 1985-1988 (Auspiciado y Financiado por el Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de las Naciones Unidas para  el Desarrollo AGFUND – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA – Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ONERN) se efectuó el primer sondeo socioeconómico en la zona de Tarapoto-Morales-Shilcayo-Rumisapa-Cuñumbuque-Cacatachi, realizado por el economista y especialista en planificación ambiental Oscar Muñiz Corro.

Cuando Edwin Meese visito Bogotá en abril de 1988, luego de una reunión con el presidente Virgilio Barco, sostuvo que la creación de una fuerza multinacional para combatir el narcotráfico era una posibilidad  a largo plazo. Hoy después de 30 años las bases norteamericanas pululan en Colombia, aunque Meese subrayaba en aquella época que “El gobierno colombiano no nos ha pedido ayuda militar y jamás consideramos enviar soldados norteamericanos aquí sino hay una solicitud expresa de Colombia”.

Así se expresaba el procurador general de EUA después de reunirse con el presidente Barco y el ministro de justicia Enrique Low Murtra, después de haber  hablado sobre el compromiso mutuo en la lucha contra la droga. También rechazo la posibilidad de legalizar la droga como una manera de solución al problema.

Días después Edwin Meese llegaría a Lima-Perú, con el propósito de ampliar la ayuda económica al Perú para la lucha antidroga. Esta ayuda llegaría hasta los US$ 70 millones. El compromiso al que se refirió Meese, fue el trabajo con Alan García Pérez, que  por aquel entonces era presidente  del Perú (1988).

En aquella época el jefe de la Oficina de Control de Drogas (DEA)  John C. Lawn, puntualizo sobre un ingreso anual a EUA de 80 TM de clorhidrato de cocaína que procedía de Perú-Colombia-Bolivia. A su vez, Meese informo que en su reunión con el ministro peruano del Interior, Dr. José Barsallo Burga, planteo la posibilidad de la utilización de herbicidas  para erradicar los cultivos de coca, asunto que no prospero por la gran oposición, inclusive oposición de los organismos estatales relacionados con los estudios de los recursos naturales y el medio ambiente.

En setiembre de 1988, la ciudad de Lima se reunieron representantes de 40 países de América Latina, el Caribe, Europa y EUA, reunión que tenía como propósito formular acciones para combatir el tráfico de drogas, y auspiciada  por la Organización de las Naciones Unidas. En esta reunión que buscaba armonizar  las legislaciones de los países productores y consumidores de drogas, como también la posibilidad de confiscar los bienes de los narcotraficantes y su extradición.

Un hecho insólito, aunque hoy muy frecuente, fue el espionaje telefónico (abril de 1988) al presidente Belisario Betancur, así también como las amenazas de muerte, acto que fuera reivindicado por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín.

En este ambiente producto de los acontecimientos más increíbles, por decir lo menos, la Organización de las Naciones Unidas, advertía de un “maridaje” entre Sendero Luminoso, grupo guerrillero peruano liderado por Abimael Guzmán Reinoso, hoy preso en Lima.

Al respecto el senador peruano Enrique Bernales, relator de la tercera comisión sobre mercenarios, sostuvo que habiendo más de 100 mil hectáreas de cultivo de coca en el Perú, Sendero Luminoso controlaba al campesinado, cobrándole una comisión en las transacciones  que realizaba con los narcotraficantes.

Por aquella época 1988, el Perú viva años terribles, y quien mejor para recordar esa situación que el dirigente de izquierda, el senador Bernales.  Así sintetizaba la situación en aquella época: “De manera realista los senderistas muertos en ocho años  son unos tres mil y en consecuencia no hay más de cinco mil hombres que movilizan actualmente Sendero Luminoso. Sin temor a exagerar, el Perú está viviendo la más grave crisis desde su independencia en la que confluyen tres elementos. En primer lugar la violencia generalizada, en segundo lugar el agotamiento del modelo de Estado, que con variaciones de un gobierno a otro funciona en Perú desde los años 30 en adelante. Y el tercer factor es el fracaso en el manejo de la economía del país”.

El año anterior 1987, el senador de izquierda Carlos Malpica sustentaba, que con el pretexto de combatir el narcoterrorismo estaban eliminando a los dirigentes del pueblo. Argumento diferente al del senador Bernales, siendo ambos de izquierda. Asimismo, el diputado de izquierda Tani Valer fue tajante al criticar y rechazar el apoyo logístico de la Drug Enforcement Agency (DEA) en el Alto Huallaga. Aun mas, proponían la alternativa que “EUA compre la producción de hoja de coca y haga con ella lo que estime conveniente” (sic), y solamente el Perú aceptaría la asistencia extranjera para la persecución  de los delincuentes que tengan a su cargo los laboratorios de cocaína. El peligro que esgrimían los defensores de esta alternativa era porque la Secretaria de Estado de Justicia de los EUA pretendía implementar un plan de penetración militar en el Perú con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Otro hecho singular que se producía por el mes de julio de 1987 en la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), era según versiones,  que ex soldados estadounidenses, ex combatientes de la guerra de Vietnam (mercenarios), participaban en la guerra contra subversiva en el Alto Huallaga, en el operativo “Cóndor VI”. Esta versión fue descartada por la Drug Enforcement Agency (DEA). Los informantes aseguraban que la relación senderista –narcos era de una coexistencia sin una alianza explicita. Sin embargo era evidente  el control que tenía Sendero Luminoso en la región de Tocache. Esta versión fue desmentida por  quien fuera diputada por el departamento de San Martin, la acciopopulista Blanca Rocha.

Por aquel año de 1987 las reuniones, el interés y visión sobre el problema cocalero era sin lugar a dudas, un quehacer sin metas ni horizonte, no había la noción más elemental a lo que los peruanos se enfrentaban. Sin duda que el aspecto del financiamiento de las actividades contra la producción de la hoja de coca estaban en pañales tanto en el aspecto tecnológico como en cuanto a la formación de los responsables de los informes técnicos. Solo se concretizaba el trabajo técnico a un levantamiento cartográfico de la ubicación de los cocales, hecho que hasta el día de hoy se repite.

En este sentido fue el canciller boliviano y presidente de la comisión de trabajo de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas Guillermo Bedregal Gutiérrez, quien sostuvo que Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Italia, España, Alemania Occidental y EUA, habían respondido positivamente a la petición de Bolivia de hacer un esfuerzo internacional (3) para reducir la producción (4) y el tráfico de cocaína. Todo un discurso.

El 13 de julio de 1987, Carlos Maravi Gutarra, director del diario La República de Lima-Perú, sostenía “La Cámara de Representantes de los EUA había aprobado una asignación de US$ 1,800 millones para el programa contra el uso y el tráfico de drogas. El Senado redujo esta cifra a US$ 1,400 millones… la situación no es nada alentadora cuando más de 20 millones de estadounidenses consumen marihuana por lo menos una vez al mes; más de 4 millones de personas consumen cocaína, y medio millón son adictos a la heroína”. Para reducir estas cifras el presupuesto federal destinaba en 1984 un total de US$ 1,439 millones y al año siguiente US$ 1,474 millones, montos destinados al apoyo de los consumidores de drogas en los EUA. El gobierno federal estimaba que el gasto por los usuarios solo en EUA era de US$ 4,000 millones anual en heroína, unos US$ 18,000 millones en cocaína y unos US$ 14,000 millones en marihuana. Los comercializadores obtenían una ganancia  estimada en 200 % para la cocaína y marihuana, y de 900 % para la heroína.

Frente a esta realidad, se celebraba en Viena la cita mundial sobre las drogas, donde el Dr. Javier Pérez de Cuellar subrayaba que el narcotráfico podría llegar a amenazar la seguridad de las naciones. El secretario general de la Naciones Unidas no estuvo desenfocado al decir semejante verdad, pues Colombia no fue la única nación latinoamericana que sufrió el azote del narcotráfico, hoy lo padece México.

También es cierto que por aquella época, corrían los años del primer gobierno de Alan García Pérez,  el cual proponía la privatización de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), empresa que tenía a cargo la custodia y la comercialización de la producción de hoja de coca. No se podía desoír la propuesta de un premio Nobel de economía como era Milton Friedman, quien proponía la liberalización del consumo de la cocaína. Un ministro (5) en la época del primer gobierno de Alan García Pérez dijo  que este tenía un pensamiento tradicional respecto al problema de la drogas.

En medio de esta confusión de opiniones los narcotraficantes y terroristas hacían de las suyas. Hasta se dieron el lujo de salir y entrar lealmente del país después de prolongados viajes al exterior.

Para julio de 1987 en el Alto Huallaga existían 91 aeropuertos utilizados para movilizar  la coca. Estas pistas eran de uso para las avionetas  provenientes de Leticia-Colombia en las que se transportaban los cargamentos de dólares para la compra de la pasta lavada. Esta mercancía regresaba a la frontera Perú-Colombia donde en laboratorios totalmente equipados la transformaban en cocaína. Obtenida la cocaína, esta era transportada a Guajira, costa atlántica de Colombia donde era trasladada a vehículos que la transportaban por mar o aire hacia los Cayos de Florida, alrededores de Miami y a la frontera entre México y EUA (limite Arizona-Sonora).

Esta es la ruta que se constituyó en objetivo de las fuerzas policiales peruanas con la ayuda de los asesores estadounidenses.

A mediados de Julio de 1987 las autoridades peruanas lograron reposicionarse en Tocache. Esta zona era contralada por Sendero Luminoso y por los más poderosos narcotraficantes de la zona. Sendero Luminoso controlaba en su totalidad toda el área, siendo Abimael Guzmán Reinoso el que gobernaba atraves de un comité de administración y economía popular, el cual se encargaba del cobro de los servicios de agua, electricidad, baja policía, siendo a su vez el ente que registraba los nacimientos y las defunciones.

Esta comprobad que los cultivos de hoja de coca germinan en cualquier tipo de suelo, incluidos los que presentan una mayor acides. Otra característica del uso del suelo  son aquellas que se encuentran en pendientes y por lo general en tierras de protección. Lo señalado es una realidad en la zona de selva alta de la amazonia peruana.

En 1989 ya se conocía que la floresta amazónica tenía una superficie de 7’000,000 km2. Para esa fecha se sabía que unos 27,000 km2 de bosque eran incinerados (roso del bosque) para conseguir madera, incorporando parte de esta superficie a la agricultura y como no al cultivo de hoja de coca y otros. Por ejemplo, considerando la especie de madera caoba, esta aumenta en 10 veces su precio desde que es trasladada hacia el aserradero, y en más de 15 veces su precio para cuando llega a las fábricas donde se elaboran los muebles o cuando son exportados.

En la amazonia brasileña cada año se incineraban 5,200 has de bosque virgen con el fin de producir un millón de toneladas anuales de carbón vegetal para empresas que producían hierro fundido. Esta práctica hizo que en 1989 el 20 % de la amazonia de ese país había sido desboscada de vegetación, lo que equivale aproximadamente a unos 500,000 km2.

En el Perú la tasa media de deforestación fue de 6.1 % anuales, lo que equivalía a 31,439 has/año (1988). Sin embargo en 1980 el registro oficial del sembrío de la hoja de coca era de 17,862 has localizados en trece departamentos. Por aquel año, en la región centro oriental se producía el 27 % de la producción cocalera que se dedicaba al narcotráfico. En el valle del Urubamba (Cusco) se producía el 50 % de toda la producción de la región sur de Perú.

Después de ocho años, en 1988, la extensión cultivada con hoja de coca en Perú fue de 380,000 has, habiendo entre 3 y 6 cosechas al año. Curioso es que cada zona geográfica del Perú estaba catalogada para producir un tipo de hoja de coca, de acuerdo a su riqueza alcaloidea. En el sur se utilizaba la variedad “LAMBRAM” con 1.5 a 1.1 gr % de riqueza alcaloidea; la del centro oriental del Perú “MOLLECOCA” con 0.98 a 0.869 gr %; “FUSIFORME” 0.76 gr % y “OVOIDE” 0.63 gr %. Las variedades de coca en la zona del Marañón, al norte de Perú, era la “TUPA o “TRUXILLENSE” (Trujillana) con 0.66 a 0.70 gr %. Para 1988 existían más de 425,000 has sembradas con hoja de coca, siendo su rendimiento de 958 kg/ha, lo cual daba una producción de coca de 404,320 TM por cosecha, que producían en promedio unas 6,148 TM de cocaína. Desde 1990 el cultivo de la hoja de coca se incrementó a 533,872 has, superficie que producía 785,647 TM de hojas de coca, de las cuales se obtenían 7,711 TM de cocaína por cosecha.

En medio de todo esto, los EUA proporcionaban en ayuda al Perú un total de US$ 41.4 millones destinados para la asistencia militar y ayuda a la policía. La Agencia Antidrogas (DEA) reconocía que no existía cultivo capaz de reemplazar rentablemente al cultivo  de la hoja de coca. El otro hecho fue que entre los senderistas y los narcotraficantes existía una relación consolidada de ayuda mutua; Sendero Luminoso controlaba las pistas de aterrizaje cobrando una tarifa de US$ 10,000 por avioneta que aterrizaba, y los narcotraficantes cancelaban el importe. Habían hasta cinco avionetas por día que acarreaban aproximadamente unas 2 TM de pasta básica de cocaína.

En medio de todo esto la administración de G.W. Bush, asigno US$ 7,900 millones para la lucha contra las drogas en los EUA. Por otro lado, la suma que debía ser gastada entre Bolivia-Colombia-Perú totalizaba unos US$ 101 millones, destinándose este presupuesto para la erradicación de los cultivos (45 %), para la interdicción (35 %) y para la sustitución de cultivos y asistencia para el desarrollo (3.6 %).

Estas decisiones daban la espalda  a la realidad, no solo de los países productores sino también de los países consumidores de cocaína. Ayudaban a senderizar y cocalizar la política y la economía, no solo en el caso peruano, y fomentar la existencia de los carteles colombianos como una suerte de maldición.

Sobre esta perspectiva, sin una visión concreta de encontrar un final auspicioso para el Perú, el jurista Diego García Sayán manifestaba que  había una política orientada a proporcionar alternativas a los productores cocaleros en torno a los cuales gira hoy la vida de un millón de personas. Hasta el día de hoy la situación no cambia, si tomamos en cuenta que ya pasaron 27 años.

Roberto Sacrustegui, sostuvo hace treinta años que las muertes ocurridas en Chota-Cajamarca-Perú, por el enfrentamiento entre los campesinos con la policía pusieron sobre la mesa la discusión del problema de los “ronderos”, porque estos podrían haber tenido lazos con Sendero Luminoso, mientras que en Tocache los narcos colombianos y peruanos aliados con los terroristas se enfrentaban a las rondas campesinas. Esto no era más que la alianza entre los narcos y terroristas.

En la actualidad después de haber diezmado las fuerzas terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso, solo queda en la zona del VRAEM grupos de narcos que hacen de las suyas, corrompiendo inclusive a los miembros de las fuerzas armadas, y asesinando a valerosos policías.

Nancy Reagan, sostuvo muy inteligentemente que la mejor manera de combatir al narcotráfico no es bombardeando y quemando los cultivos, porque de esta manera se ahonda el poder de perjudicar  al campesino; lo que se debería hacer, decía Nancy Reagan, es enfrentar el problema desde una óptica social de prevención del consumo más que de represión del productor. Esta sería otra opción frente al problema del uso de las drogas, incentivar la educación preventiva.

Estados Unidos de Norteamérica, vivió un real acontecimiento durante la vigencia de la Ley Nacional de Prohibición del Alcohol (1920). En aquella época era director de impuestos Daniel C. Roper, quien para defender  la utilidad de la ley dijo: “La Ley de Prohibición será considerablemente violada al principio y después solo un poco; pero, en términos generales, se la respetara y su resultado final será una nación abstemia”. Este personaje no estaba solo en sus creencias. Andrew Volstead, diputado que presento la Ley a la Cámara de Representantes sentencio diciendo “Se cerraran para siempre las puertas del infierno”.

En 1933 el Congreso estadounidense desestimo la ley, pues el índice de muertes por alcoholismo se había incrementado de 1 por 100,000 en 1920 a 3.9 por 100,000 en 1926. El número de presos se había incrementado de 32.3 por 100,000 en 1910 a 41.8 en 1926; el contrabando de alcohol se duplicaba en valor cada dos años; el deceso de personas por enfrentamientos por la lucha contra el tráfico de alcohol era de 21 personas; millones de personas trabajaban al margen de la ley; por cada bar legal que cerraba, nacían tres tabernas clandestinas; en 1917 estaban autorizadas 507 destilerías que fueron reemplazadas por cientos de alambiques ilegales, habiendo sido clausurados 21,541 alambiques en 1931. Había nacido una poderosa mafia que hasta la fecha opera en ese país.

Como dato curioso, el consumo de licor no aumento, en 1919 este fue de 0.97 galones por persona, cantidad igual a la de 1934. Lo que se incremento fue el consumo de alcohol de baja calidad que en 1928 en las ciudades de Nueva York produjo 34 muertes y entre 1925-1929 mato a 4 de cada 100,000 personas.

La prohibición permaneció vigente durante 13 años, hasta que el presidente Herbert Hoover, quien apoyo la ley, sostuvo en 1932 que la prohibición había conducido muy cerca de convertir a la Constitución en letra muerta.

En estos tiempos postmodernos las opiniones respecto a la cocaína son muy variadas, aunque existe la costumbre, creemos por ignorancia, de generalizar sobre el asunto cuando se habla de DROGAS, utilizando este término como si todas fuesen iguales, olvidando que las hay de las que socialmente son aceptadas como el café y el alcohol.

Todos los modelos que fueran utilizados en los últimos cincuenta años para frenar tanto la producción, el consumo y la comercialización de drogas es un rotundo fracaso. Téngase presente que solamente en Italia para encarcelar a unos 200,000 aficionados a las drogas tendrían que multiplicar por cinco su capacidad carcelaria. Y si nos remitimos a las cifras reales, más de 40 millones de consumidores de droga desembolsan por año unos US$ 300,000 millones para comprar variedad de productos psicotrópicos.

Al respecto Sir Geoffrey Wilson, es bastante claro cuando dijo “La sociedad está pagando un elevado precio por una política que manifiestamente no funciona”. Lloyd D. Johnston, psicólogo de la Universidad de Michigan se sumó a esta visión diciendo “La reducción de la oferta ha sido un fracaso total; el mercado de la cocaína nunca ha sido mayor, el precio jamás había estado tan bajo y la droga es más pura que antes”. Lo cierto es que hasta el día de hoy los que políticamente gobiernan no se ponen de acuerdo si este es un problema de salud pública o un problema jurídico y penal o un problema de carácter psicológico social.

Queremos resaltar la gran incidencia que tienen las “leyes” de la economía, pues países subdesarrollados como el Perú ha encontrado un mercado necesitado de este tipo de productos, a falta de solución del problema social a la falta de trabajo esta es una gran alternativa.

En octubre de 1988, la Señora Nancy Reagan, esposa del difunto presidente Ronald Reagan, ante el Comité de las Naciones Unidas sostuvo: “No voy a culpar a otros países por el problema de la droga en Estados Unidos… Es mucho más fácil para Estados Unidos poner la mira en las plantaciones de coca que cultivan trecientos mil campesinos peruanos, que encerrar al distribuidor que podemos encontrar en las esquinas de nuestras ciudades”.

Actualmente en el Perú los grupos terroristas han sido prácticamente erradicados, la aparición de un caso es asunto aislado. La sociedad peruana conoce este problema porque durante décadas vivió junto a ella.

El narcotráfico tiene un repunte lo bastante localizado como para soslayarlo. Su intromisión en la vida cotidiana nacional aliada con el silencio y la aparición de otros problemas sociales y económicos han corrompido la base institucional encargada de la seguridad nacional.

El VRAEM, nombre abreviado de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es una área que desde el 2007 fue zona de alta pobreza, a donde la actividad del narcotráfico se trasladó luego de haber operado en el Alto Huallaga.

 

DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS EN EL VRAEM

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA

DISTRITO

Ayacucho Huanta Ayahuanco, Llochegua, Sivia, Santillana, Huanta
  La Mar Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco, Samugari, Chunqui
Huancavelica Tayacaja Surcubamba, Huachocolpa, Tintay, Puncu, Colcabamba
Cusco La Convención Kimbiri, Pichari, Vilcabamba
Junín Satipo Masamari, San Martin de Pangoa, Rio Tambo
  Huancayo Santo Domingo de Acobamba, Pariahuanca

Muñiz & Asociados

 

Alberto Fujimori Fujimori, quien en su gobierno de una década (1990-2000) no pudo ni siquiera controlar el narcotráfico pero si lo estimulo indirectamente, subió a un jet fletado por el primer ministro japonés. Más arrugado y viejo. Con el estómago vacío y con su sonrisita estúpida de siempre. Por fin iba a ser hombre para enfrentar  la justicia peruana sin la cobardía que lo caracteriza.

Sentado en su butaca de cuero y atendido como un príncipe, solicita que le alcancen un vaso con jugo de naranja, mientras que el jet inicia el decolaje. Mientras tanto piensa en su situación, hace un recorrido mental de estos seis años que estuvo fuera del Perú, su segundo país. Volverá a ver una vez más la geografía peruana desde la estratosfera, después de todo, piensa el, que hasta el día que se muera será el centro de la atención peruana y mundial. Su ego es tan amorfo que surge en sus recuerdos cada uno de los episodios más gloriosos que protagonizo entre el 28 de julio de 1990 y el 28 de julio del 2000.

Por fin se reencuentra con Lima, ciudad húmeda, nublada y mal oliente, llena de mendigos, narcos, fumones  y rateros. Por fin se volverá a ver con los suyos, sus familiares, correligionarios, ayayeros, dueños de bancos, militares, arzobispos y Montesinos.

Termina su jugo de naranja, se pone de pie y se dirige al baño. Cuando sale se le nota su tés demacrada, la comisura de los labios están más pronunciadas, su delgadez es patética. El traje que usa envuelve a un tipo con anorexia pero siempre esgrimiendo esa mirada fría y calculadora que solo las almas más desprovistas de humanidad esgrimen, es como esos criminales que se encuentran presos en las entrañas de su desgracia.

Solicita el dato de cuanto falta para llegar a su destino, el aeropuerto Jorge Chávez. La claustrofobia lo invade. Se vuelve a sentar en su butaca y pide que le alcancen un teléfono, pero este requerimiento no es atendido. En medio de sus cachivaches encuentra una lapicera, toma un papel cualquiera y escribe una nota para su hija Keiko, congresista elegida en las ultimas elecciones del 2006: “Reúnete con tus hermanos, tío, correligionarios y congresistas de nuestra bancada para evitar mi ingreso a la carceleta del Palacio de Justicia”. Forma escueta de pedir auxilio de un ex gobernante práctico y ejecutivo, pero ausente  de la actitud del líder por las causas nobles y dignas.

  • Meese Edwin, procurador general de los Estados Unidos de Norteamérica
  • Betancur Belisario, ex presidente de Colombia 1982-1986
  • Según Bedregal Gutiérrez, la erradicación de los cultivos de hoja de coca para detener el narcotráfico era prioritario cuando se bajara el precio de la coca. Esta baja del precio de la hoja de coca se daría cuando se destruyeran las refinerías, arrestando a los narcotraficantes y proporcionando a los campesinos agricultores fuentes alternativas de ingresos. Téngase en cuenta que solo se requería US$ 130 millones.
  • Bolivia suministraba el 50 % de la cocaína mundial.
  • Cesar Vázquez Bazán, ex ministro de economía y finanzas.
Scott Pruitt, jefe de la EPA

Scott Pruitt, jefe de la EPA

Oscar Muñiz C.   Scott Pruitt, es un defensor a ultranza del uso del petróleo y acérrimo enemigo de los que sostienen que el cambio climático es real. Fue quien demando en más de una oportunidad  a la Agencia Estadounidense … Sigue leyendo

Apropiarse de lo ajeno

Oscar Muñiz C.

 

Nadie podría sostener que lo bien ganado se debe censurar. Más aún si lo ganado revierte a la sociedad desprotegida. Este es el caso de los nativos amazónicos, sean estos nómades o no.

Soy testigo presencial, desde 1982, de las condiciones de vida de algunos grupos étnicos de la amazonia peruana, tanto en el departamento (región) San Martin, como los grupos étnicos en la zona central del Perú especialmente en el Camisea, departamento (región)  Cusco, más específicamente entre los ríos Inuya y Camisea, que son afluentes del rio Urubamba, zona en donde la Shell exploraba petróleo pero se topo con gas.

Las condiciones de vida de estos grupos humanos son en muchos casos deplorables, no porque ellos lo hayan decidido así. Son producto de la explotacion de los colonos, interventores o simplemente del hombre occidental. La vida que llevan está ligada al bosque hasta que colonos, exploradores deshumanizados, criollos, curas, civiles agrupados y representantes del Estado (policías, políticos, autoridades) irrumpen en su vida hasta llegar a su desaparición u absorción.

La secularización no es su salvación para estos grupos étnicos. In situ lo verificamos.

Debo decir en lo que me concierne, que los suelos en la zona del Camisea tienen las siguientes características: las tierras son aptas para cultivos intensivos, no tiene mayores limitaciones, son de muy buena fertilidad y productividad. También existen tierras apropiadas para implementar una agricultura en base a cultivos permanentes y forestales. Como también hay presencia de tierras de aptitud limitada para fines agrícolas, tierras marginales y tierras no aptas para la agricultura o explotación del recurso forestal.

Según una organización no gubernamental de prestigio indica el riesgo que en la actualidad se encuentran los pueblos aislados ubicados entre Puerto Esperanza y la carretera interoceánica que conecta con la amazonia brasileña.

El promotor de la absorción-desaparición de los pueblos aislados como son los mashco-piros, los chitonahuas, los mastanahuas y los sapanawas, es el cura Miguel Piovesan, quien sostiene “No aceptamos la idea del aislamiento (en negrita es nuestro) como un deseo natural de ellos. No lo comprobamos. Son entelequias de quienes solo conocen a los pueblos indígenas de vista o por investigaciones basadas en hipótesis que nunca se comprueban en el campo”.

Frente a esta andanada de barbaridades, Emilio Montes, presidente de la organización indígena Federación de Comunidades Nativas del rio Purús-FECONAPU, en Puerto Esperanza dijo: “Sobre la carretera no aceptamos ese tipo de proyectos, los rechazamos tajantemente. Por los motivos: a los indígenas no benefician, sino más bien  a los madereros, mineros y petroleros ilegales, y también a los narcotraficantes, atenta contra la vida de nuestros hermanos aislados, como los mashco-piros. Es la depredación de nuestros recursos naturales como flora y fauna. Más bien que nos respeten nuestro territorio ancestral. Necesitamos otro tipo de desarrollo con manejo sostenible de nuestros recursos, para así vivir con vida plena, también para nuestro futuro”.

Video Emilio Montes

El conflicto minero de nunca acabar

Oscar Muñiz C.

 

El proyecto minero Las Bambas nuevamente es el centro del conflicto. El 14/10/16 hubieron enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los pobladores de las comunidades campesinas de Choquecca, Allhua, Pumamarca y Quehuira, ubicadas en la provincia de Apurímac distrito de Challhuahuacho. Como resultado de este enfrentamiento falleció un comunero.

Al conocerse la noticia del enfrentamiento, el ministro del Interior sostuvo que la policía de la zona intervino sin la autorización del director de operaciones; además sostuvo que en el momento de la intervención policial se realizaba negociaciones entre los representantes de las comunidades y los empleados de la minera, con el propósito de obtener una compensación para los comuneros por el uso de la carretera de su propiedad.

Es importante señalar que los comuneros sostienen que los dueños de la carretera son ellos y no como dice el ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es una vía nacional y  por lo tanto es de libre uso y tránsito. Al parecer esto último seria falso o por lo menos sujeto a verificación judicial.

Lo cierto es que la carretera que usa la compañía minera MMG fue hecha por los comuneros de las comunidades campesinas antes mencionadas, que inconsultamente y sin su conocimiento, en el 2014 la municipalidad de la provincia de Cotabambas  solicito incorporarlas al sistema vial nacional, lo cual logro hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y como consecuencia dejo de reconocerse como propiedad de las comunidades campesinas, beneficiando directamente solo a la compañía minera MMG, pues sus vehículos que suman más de dos centenares son los únicos usuarios de la vía, y pueden sacar el recurso minero y trasladarlo hacia la planta de tratamiento sin pagar ningún peaje por el usufructuó vial. La Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad, sostiene que la vía se convirtió en parte del sistema nacional. MMG convine que es competencia del Estado para no seguir pagando compensación alguna a las comunidades campesinas por el uso de la carretera.

A estas alturas el Gobierno Regional de Apurímac  afirma que la carretera en disputa no es una vía nacional como se afirma sino que es de competencia del gobierno local (Municipalidad).

Este problema de falta de sinceramiento refleja claramente el intríngulis generado por conveniencia de la empresa MMG, donde el Estado peruano por su interés favorece a los inversionistas de MMG, yendo en contra de lo legítimo. Tal vez,  conociéndose de los niveles de corrupción gubernamental y del empresariado privado, este sea un caso más donde  la cuerda se rompe por el lado más débil.

Desde un punto de vista ambiental el proyecto minero Las Bambas, contemplaba la construcción de un mineroducto, el cual fue cancelado en una segunda fase de reformulación del proyecto. Este mineroducto era pate de  la propuesta de construcción de una planta de molibdeno muy cerca al proyecto Las Bambas en Antapaccay. Según la propia empresa, los cambios que hizo MMG al Estudio de Impacto Ambiental “no fueron importantes”, por lo cual no fue necesario el proceso de participación ciudadana (consulta a la ciudadanía), comunicándose el hecho a las municipalidades; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones oficio informes a las autoridades de Cotabambas y Grau, lo mismo que a las autoridades de los distritos de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, de lo acontecido.

Ahora veamos la preocupación de algunos. Según la Sociedad  de Comercio Exterior del Perú (ComexPeru) se paralizarían US$ 10,000 millones; además sostuvo que  al Perú le costó 13.4 % de crecimiento acumulado más 791,000 empleos y unos US$ 4,220 millones de recaudación tributaria. Otro de los preocupados es el Instituto  Peruano  de Economía (IPE), el cual sostiene que en el periodo 2011-2014 se retrasaron las inversiones por un valor de US$ 21,500 millones. Si a esta cifra se le agrega el efecto empleo más el costo de oportunidad total, el monto alcanzaría a US$ 62,500 millones, equivalente al 43 %  del PBI del 2015.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad profesionalmente solvente y muy refutada, no solo a nivel nacional, estima que el departamento de Apurímac  donde se ubica el proyecto minero Las Bambas, en el 2016 crecerá 266 %, triplicando su PBI debido a la expansión minera en base a la explotación del cobre, como lo hace el proyecto Las Bambas. Es que la actividad minera en la región Apurímac pasaría del 10.4 % en el 2015 al 63 % en el 2016. Curiosa afirmación cuando hasta la fecha el asentamiento minero Las Bambas se encuentra paralizado y los comuneros siguen defendiendo su buen parecer.

No solo la población de las comunidades campesinas protestan por la mutilación de sus derechos, también lo hacen porque la empresa MMG con el propósito de ahorrar costos dejo de pavimentar la carretera, siendo utilizada sin ser asfaltada, donde el polvo que se origina por el transito diario de los camiones de la empresa MMG es el primer factor de contaminación para la población en general y particularmente para niños, ancianos y mujeres. Esta contaminación también afecta directamente a las áreas agrícolas de las comunidades y al ganado de la zona.

Si estas razones no son suficientes para de una vez por todas zanjar responsabilidades, los representantes de la empresa minera chino australiana MMG optan por representar el fácil accionar de víctimas, mientras que el Estado peruano representado por las autoridades del gobierno central, regional y municipal, gestan un arbitraje burdo y conocido.

¿Sera posible que por interés comercial, entre Perú y China, se trate de evitar un mal momento ad portas de la inauguración del APEC y la firma fitosanitaria del acuerdo del envío de arándanos al mercado chino? ¿O tal vez es el interés del gobierno peruano en ampliar el número de turistas chinos al Perú? ¿O es la inauguración de los vuelos China y Perú, lo que impide actuar con la ley en la mano?

 Tal es el poder del dinero, que tanto lo aprendido como lo prometido no se refleja a la hora de poner orden y hacer justicia. Así transcurre la vida en Perú, desgracias para los desposeídos y más desgracias.